Gran revuelo en los medios de comunicación, han generado unas declaraciones referidas a la minería realizadas en Davos por la vicepresidenta Dina Boluarte.
A tenor de lo que leo en los medios de comunicación, no la he escuchado yo mismo, habría señalado que las grandes empresas mineras en el país actúan de manera irresponsable en los temas de manejo ambiental y consulta a las poblaciones, entre otras lindezas.
Han aparecido en medios algunas voces quizá altisonantes respecto a tales declaraciones que, en mi opinión, denotan más desconocimiento que mala intención. Bien se dice que la ignorancia es insolente, y dado que todos, desde el más encumbrado hasta el más humilde, sabe muy poco de algo, e ignora la mayor parte de todo lo demás, sería quizá mejor instruir a la señora Boluarte, que atacarla. Claro que se puede argumentar que uno no debería hablar de lo que ignora, pero el problema es que no necesariamente se sabe uno ignorante, sino que a veces se cree saber. Y eso aplica para todos. No es de cualquier forma la intención de esta breve nota, hacer digresiones epistemológicas, sino únicamente tratar de aportar algo, a quien sabe nada o muy poco del tema. Y nótese que digo “algo”, tampoco pretendo, ni tendría la capacidad, hacer un desarrollo exhaustivo de la materia. Tómese como si fuera una nota periodística. Otra no es mi intención.
La vicepresidenta habría señalado que las empresas mineras andan contaminando a tutti quanti y ocupando sus territorios sin efectuar consultas previas.
Cuando en 1990 se dictó el llamado Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales, D.Leg. 613, ya derogado, se estableció la necesidad de contar con estudios de impacto ambiental (EIA) para proyectos que operaran en el futuro, o con programas de adecuación y manejo ambiental (PAMA) para empresas ya en operación al momento de entrar en vigor la norma. Estos dos conceptos, no existían antes en la legislación peruana y a partir de dicha norma se generó una serie de otras regulaciones destinadas a implementar en la práctica, las obligaciones genéricas en ella contenidas por parte de los mineros formales, pues antes, como explicaré, no existían otros, por lo menos no a ojos de la ley.
Los EIA, que han sido regulados por diversas normas posteriores y para diversos sectores. Implicaban, en resumidas cuentas, hacer una evaluación del lugar en que el proyecto se desarrollaría, el llamado estudio de línea base, y los impactos que en dicho escenario inicial ocasionaría la actividad y la manera de evitarlos o remediarlos. Con el tiempo vinieron una serie de instrumentos más, como los planes de cierre, de remediación de pasivos y largo etcétera que no enumeraré. Si no el primero, el sector minero fue uno de los primeros en regularse con estas normas que detallaban, lo que en términos más gruesos, se encontraba regulado en el Código. A partir de la dación de dicho Código y de otras leyes generales más, el marco de regulación específico para cada sector, minero e hidrocarburos en particular, se ha ido desarrollando a lo largo de décadas.
El PAMA, era el instrumento por el que las empresas ya en operación, adecuaban sus actividades a las nuevas regulaciones que sectorialmente se iban dictando, para lo cual se otorgaban plazos razonables. De hecho, todos los PAMA aprobados en su momento para el sector minero y otros deberían ya haber sido ejecutados por completo.
Dudo que el esquema sea perfecto y dudo más de que las empresas lo cumplan a cabalidad, pero en general, con excepciones que confirman la regla, las empresas de la gran minería, categoría que no está definida en la ley, tienden a ser respetuosas de sus obligaciones en temas ambientales, entendiéndose por tales también aspectos vinculados a las relaciones con las comunidades. Ello sin perjuicio de lo señalado en artículo previo que escribí sobre el tema de Las Bambas.
No estoy en capacidad de decir si sólo se quedan en la formalidad, o si realmente cumplen con los temas de fondo también, pero lo que es un hecho, es que se trata de un sector razonablemente regulado en materia ambiental, de seguridad, de operaciones y otros. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, OSINERGMIN, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, y el propio Ministerio de Energía y Minas, tienen injerencia en el tema. Si lo cumplen o no, es otra cosa. Dicho sea de paso, no sé quién fiscaliza en los hechos que la producción que declaran las empresas mineras de todo calibre sea la real y que no la subestimen. Me parece, intuyo, que por ahí debe haber unos temas de evasión tributaria de dimensiones monstruosas, pero es pura especulación que me genera el haber visto cómo se realizan los embarques de minerales. Cuando aludo a fiscalizar la producción real, no aludo a quién pone uno o varios sellos, sino a la supervisión de lo que realmente sale de las minas y de los puertos.
Pero volviendo al tema, las medianas empresas, categoría que tampoco está definida en la ley, se regulan por las mismas reglas que esbozo líneas arriba. Las que califican, y para esto sí existen parámetros establecidos en la ley, como pequeñas productoras mineras y mineras artesanales, tienen normas propias, sobre cuya fiscalización de cumplimiento abrigo serias dudas.
Pero, me parece que los principales temas de contaminación no provienen necesariamente de estas empresas, grandes, medianas, pequeñas o microscópicas, y todo es especulación, porque estoy seguro de que no existe un estudio serio sobre el tema de contaminación de la minería que abarque todo el territorio nacional y a todas las operaciones. Todas estas empresas tienen un marco regulatorio que un Estado raquítico como el peruano no está en capacidad de fiscalizar como se debe y de ejercer efectivas medidas coercitivas en caso de detectar incumplimientos. El ejemplo más lamentablemente notorio de los últimos tiempos, no es del sector minero sino energético, específicamente el derrame de Repsol y las consecuencias que puede haberle acarreado a dicha empresa. Estoy seguro de que ni en el corto ni en el mediano plazo, recibirá sanción efectiva alguna.
Pero el principal problema, creo, es que hay una cantidad enorme de mineros ilegales y casi de veinticuatro mil informales no tan informales. Si bien en los hechos todos son ilegales, para la ley, las cosas son el nombre que se les pone y punto. La minería ilegal es la que se desarrolla en áreas donde no se puede desarrollar ningún tipo de actividad minera. Zonas donde no sería posible obtener una concesión y menos aún un permiso para efectivamente operarlas. Áreas altamente sensibles por la razón que sea, en las que cualquiera que desarrolle actividad minera estará fuera de la ley y cometiendo un delito. No se sabe cuántos son, como en tantos otros casos, v.gr. narcotraficantes, falsificadores de moneda y ladrones de vehículos, se sabe dónde están, pero se hace nada o muy poco contra ellos. Contaminan ríos y lagos, deforestan la Amazonía, junto con los madereros, afectan de manera directa a comunidades nativas. Tienen o tuvieron representantes en el Congreso, con lo que no es difícil imaginar su capacidad de penetración en las instituciones.
Para los informales no tan informales en cambio, al igual que con los colectiveros, con los choferes de combi que juntan miles de soles en multas impagas, o con las empresas de construcción que participaron probadamente en el saqueo al Estado, el trato es diferente. Tampoco se sabe con exactitud cuántos hay. Se trata de mineros para los que se ha creado un régimen de formalización, porque están localizados en áreas donde sí es posible desarrollar minería. Para ellos, se ha creado un tratamiento especial, una patente de corso que se llama Reinfo, el acrónimo de Registro Integral de Formalización Minera, en el que, al momento de escribir estas líneas, aparecen inscritos casi veinticuatro mil personas naturales y jurídicas.
El Reinfo se supone que es el pitazo de salida para que el informal no tan informal se formalice. ¿Pero para qué se va a formalizar el informal si puede seguir operando así? Están por todo el Perú y, al igual que los ilegales, ni siquiera tienen que esconderse. Con lograr inscribirse en el registro pueden medrar y de hecho medran. Si apenas hay capacidad para fiscalizar a las formales ¿imagina alguien que se está en capacidad de fiscalizar a tal número de pequeñas operaciones esparcidas por todo el país, generalmente donde el diablo perdió el poncho? Aludo al informal no tan informal para diferenciarlo del informal puro y duro que simplemente no está en el Reinfo ni en ninguna parte. El informal no tan informal o el informal puro y duro, es el que realiza actividades donde sí se puede ejercer actividad minera, en la que existen concesiones otorgadas, a punto que la ley exige que el informal no tan informal suscriba un contrato de explotación con el titular de la concesión, entre otros requisitos, para ser admitido en el Reinfo. Es la respuesta del Estado a la realidad de quizá decenas de miles de personas dedicadas a una actividad que no se está en capacidad de erradicar, pero que en un mundo ideal no debería existir. De hecho, en un mundo ideal no existirían informales de ninguna especie, menos aún los ilegales y, si de mí dependiera, tampoco existirían otras que no sean las grandes empresas con espalda financiera y capacidad técnica para trabajar con estándares de Canadá o de EE. UU. o similares. No digo “internacionales” porque es un término muy amplio y abarca países como China.
Volviendo a lo que es y no a lo que me gustaría que sea, como vemos, las empresas mineras formales, por lo menos en el papel, tienen un marco regulatorio dictado por el Estado, que establece cuáles son sus obligaciones en materia operativa. No sé cuántas habrá, pero cualquiera que sea su número, en teoría se sabe dónde están y cuántas son, y se les puede fiscalizar, aunque en la práctica con la mayoría sea casi imposible hacer una supervisión efectiva. Las informales y las ilegales en cambio son innumerables, y no solo no están controladas, sino que resultan incontrolables por el Estado. No sé si solo la minería ilegal e informal genera problemas ambientales, pero lo que sí sé es que tal tipo de minería sí genera esos problemas y otros, como facilitación del lavado de activos, elusión tributaria, delincuencia común, y largo etcétera. Reitero lo dicho antes. Intuyo que las empresas formales declaran lo que les viene en gana en materia de producción, pero por lo menos en teoría el estado está en capacidad de fiscalizarlas en ése y en todo otro aspecto de sus operaciones. Otra cosa es que no lo haga porque no está en la capacidad, o porque no quiere. Apostaría más por lo segundo. Pero en el caso de informales e ilegales, no lo intuyo, sino que lo sé. Simplemente no pagan impuestos, no cumplen condiciones de seguridad en el trabajo, de contratación laboral, de cumplimiento de normas ambientales ni nada por el estilo. Al final del día la única diferencia entre ilegales e informales es la zona donde operan y que los informales no tan informales tienen patente de corso para seguir siendo informales y por tanto ilegales, por la misma razón por la que multitud de empresas y personas naturales en este país lo son. Estamos en un país donde médicos, abogados, arquitectos, y todo tipo de profesionales, reciben honorarios sin emitir recibos y se publicitan servicios de aborto en las veredas que conducen a los juzgados del Edificio Alzamora Valdez, una de las principales sedes del Poder Judicial. ¿Debería sorprendernos que los mineros informales y los ilegales, todos ilegales al final, existan operen y prosperen?
Creo que la vicepresidenta no estuvo a la altura del compromiso. Aun cuando tuviera elementos para aseverar lo que dicen que dijo, no era el lugar para hablar de cosas malas que supuestamente suceden en el país. Esas vacaciones de lujo pagadas, que no otra cosa son estos eventos, no son para hablar de penas. Es un evento en el que representantes de economías como la peruana van a escuchar y hacer contactos, o a promover la buena imagen del país. Y si se va a hablar de las cosas malas, por lo menos hay que hacerlo con solvencia.
Pero tampoco hay que hacer una tormenta de un vaso con agua. Ninguna empresa minera dejará de venir al Perú ni a ninguna parte del mundo si el negocio es apetitoso. Todas las empresas del ámbito de los recursos naturales están acostumbradas a tratar con entornos hostiles. No son fabricantes de camisas o de automóviles, que pueden llevar su producción a donde se le ofrezca mejores condiciones, no. Las Bambas, Cuajone, Toquepala, Cerro Verde, Quellaveco, Toromocho y cuanta mina importante o no tan importante hay en el Perú o en el mundo, está donde está y las empresas van en su busca salvo casos verdaderamente extremos. Y cuando países como el Perú tienen regímenes legales tan laxos, que realmente las mineras que se establecen pueden hacer prácticamente lo que quieran en aras del producto bruto interno, que la vicepresidenta declare tal o cual cosa, no significa nada. Incluso que el presidente lo haga, tampoco significa nada. El Perú no es China, Rusia, Corea del Norte o Cuba, u otros países donde lo que dice el líder determina el curso de acción del Estado. A manera de un simple ejemplo, aquí se puede establecer la empresa minera más grande del mundo, medida por ingresos o por utilidades o por el parámetro que sea, tener unos márgenes obscenamente elevados y pagar la misma tasa impositiva que una fábrica de chocolates. Y para los chocolates se emplea insumos que son renovables. La minería los agota y no se renuevan. Nos llegaron con el territorio y son patrimonio de todos, pero los entregamos a cambio de una regalía y unos impuestos que paga todo el mundo y sin dar participación alguna en la propiedad de la empresa a un Estado que es finalmente la expresión concreta de la organización política de la nación.
Quizá la Sra. Boluarte se vio en su cuarto de hora y decidió ser protagónica. Quiso ser cool y hablar algo perdurable. Quizá hubiera sido mejor que se quedara calladita. Pero metió la pata y presumo que los que le prestaron atención en Davos ya no se acuerdan del tema, como nadie se acordará aquí en unos pocos días.
Lima, 27 de mayo de 2022
