MINEM, minería, energía, Estado, Fuenteovejuna y los temas de siempre – la Historia del Perú por el padre Urías

Una de las Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma “La Historia del Perú por el Padre Urías”, gira en torno a un clérigo que coleccionaba en un baúl ejemplares del diario El Comercio, desde su fundación en 1839 y decía a sus contertulios, cuando preguntaban por el contenido del baúl, que se trataba de la Historia del Perú que estaba escribiendo. Quedó claro después de su muerte, que la intrigante historia, que nadie se explicaba en qué momento escribía, era su colección del diario en mención.
Y comienzo con ello porque el domingo 2 de junio, la sección del diario El Comercio denominada ECData, estuvo dedicada en su totalidad a temas mineros. Me gustaría verter algunos comentarios respecto a lo ahí aparecido.

1. SOBRE LAS PÉRDIDAS AL PAÍS:

La primera página del suplemento comienza señalando que las paralizaciones mineras cuestan US $ 1160 millones al país. Desarrolla la noticia está en la página 4. La mayoría de los medios de prensa pinta la minería como si fuera la salvación del país. La actividad sacrificada y siempre positiva, ir contra la cual es casi un crimen de traición a la patria. La minería, como toda actividad económica productiva, constituye un aporte al crecimiento y en general, es mejor que exista a que no, pero tampoco es el tema que se desarrolle de cualquier forma y a cualquier costo. Que ese crecimiento sea sostenible es otro cantar.

Creo que la pequeña minería, la artesanal y la informal no deberían existir, sino que solo debería haber cabida para empresas muy grandes, con sólidas espaldas financieras y técnicas que sean obligadas a trabajar con estándares del primer mundo en materia ambiental y en todo aspecto operativo y que sean supervisadas en todos los aspectos de sus actividades, en particular respecto a cuánto efectivamente producen y exportan. Empresas que sean obligadas a pagar lo que deben cuando se les impone una multa, y que sean conscientes de que las buenas relaciones con la comunidad, dependerá únicamente de ellas. Empresas además en las que el Estado tenga una participación en las minas que exploten en el país. El Estado está para cuidar a los ciudadanos y a muchas empresas que también merecen seguridad y que generan empleo, no está para hacer de gerencia de relaciones sociales de transnacionales cuyas ventas o capitalización en bolsa superen o equiparen el presupuesto del país. Menos aún está para hacer de vigilante de empresas del Estado chino o de cualquier otro país. Rara privatización la peruana. El Estado Peruano es el origen de todos los males. El Estado Chino, totalitario, corrupto y corruptor es bueno y sí puede tener empresas mineras o explotaciones de hidrocarburos en el Perú. El Estado peruano es malísimo, el chino lo opuesto.

Volviendo a la publicación. No acabo de entender, cómo es que se calcula la “pérdida al país” cuando lo que, de acuerdo con la publicación son 348 (y no 1160) millones de dólares los dejados de percibir por el Estado por concepto de impuestos y regalías en 2021 y 2022.
¿De dónde sale el otro monto? ¿Quizá de lo dejado de percibir por contratistas o por la propia empresa? Pues si así fuera sería bueno aclararlo porque lo que gana la empresa, no necesariamente se traduce en ganancia para el país. Lo que va al país son los impuestos o cualquier otra suma que se pague al estado. Con eso se financia el presupuesto público y por tanto los gastos e inversiones del Estado, (incluyendo el puente Tarata).

Se señala también que 303 mil puestos de trabajo directos e indirectos se han visto afectados en los primeros diez meses del actual gobierno. Me llaman la atención varias cosas como ¿Qué significa “afectados”? ¿Se perdieron? ¿Redujeron ingresos? No queda claro, como tampoco queda claro quién y cómo han determinado que la generación puestos indirectos en un sector de por sí escaso en generación de empleo directo, tiene una ratio de 8 a 1, con lo que El Comercio concluye que el número de estos empleos indirectos es 1.6 millones. Para usar una expresión del viejo, hace unos años se decía que la ratio era de 5 a 1 (y creo que ese fue siempre un cálculo arbitrario realizado al ojo) . Me pregunto cómo así hoy ese 5 se convirtió en 8. No digo que no sea así, lo dudo, pero no estoy en capacidad de negarlo. Sin embargo, me gustaría saber de dónde saca un medio como el mencionado dicha cifra.

Se menciona que la gestión Castillo junto con la de Humala son los que más conflictos sociales acumulan. No obstante, de acuerdo con el cuadro que publican PPK y Sagasti o empatan o casi empatan. No pretendo en absoluto defender un gobierno que es indefendible. Pero las cosas por su nombre. ¿Qué tiene que ver Castillo, o Humala o quien sea el presidente con esos conflictos? Normalmente nada. Los conflictos sociales con las comunidades aledañas son normalmente desencadenados por las propias empresas, que no hacen lo que deberían hacer.

Se llevan la parte del león y no cumplen con el ratón. En la publicación aparecen unas declaraciones del gerente legal de Las Bambas en las que comienza diciendo “Si se aduce que hay incumplimientos…”. ¡Pero si eso lo ha dicho él mismo! ¿Cómo que “ si se aduce”? ¿Tan rápido se ha olvidado ya de sus declaraciones en el sentido de los compromisos incumplidos vertidas por lo menos en RPP? Nada de que “Se aduce”. Las Bambas ha incumplido, punto. Que eso justifique que invadan la mina o no es otra cosa, pero que hay compromisos incumplidos, salvo que hayan terminado con todos en las últimas semanas, es algo que está fuera de discusión. También aparecen declaraciones del gerente general de Apumayo señalando que “Han paralizado el desarrollo de las comunidades” ¿Qué desarrollo me pregunto? ¿Si generaba beneficios a las comunidades del entorno: ¿por qué no opera? ¿por qué quemaron sus instalaciones?

Dicen los chinos “el río no se congela en una noche”. De igual forma los conflictos sociales no aparecen de la noche a la mañana. Suelen ser consecuencia del hartazgo y un tipo proceso bola de nieve. No basta “discursos promovidos por agentes con interés político” para que la población queme una mina o la bloquee. Las personas no suelen ser tontas. Saben lo que les conviene. Si no ¿por qué los trabajadores de Las Bambas o de Cuajone marchan a favor de sus empresas? Pues la respuesta es obvia: porque ellos sí sienten el beneficio de su actividad. No creo que ni el mismísimo Winston Churchill hubiera podido convencer a los trabajadores de Las Bambas o de Cuajone o de Apumayo, de paralizar operaciones. Si es que hay discursos que convencen por algo es y, no me cansaré de decir que ese “algo” en el caso de la minería no es materia del Estado sea el poder ejecutivo en cabeza del presidente que sea, o del rangalido ministerio que es el MINEM. Dicho sea de paso al momento de escribir esto veo la noticia del próximo reinicio de diálogo a cargo de varios ministros que estarán viajando a la zona. Diálogo con pistola apuntando a las cabezas dicho sea de paso, porque un jefe policial declaró hace un par de horas que están en cuenta regresiva para iniciar el operativo de desalojo de los comuneros.

¿El Estado quizá debería cumplir los compromisos de Las Bambas o enseñar a Southern cómo manejar sus relaciones comunitarias de modo de que no le bloqueen el acceso al agua? No. Esa es labor de la empresa que quiere hacer minería en el Perú. Y no es novedad. Es así desde hace más de treinta años y el Estado poco o nada puede hacer salvo ejercer represión en casos extremos y luego dejar un ejército a cargo de la salvaguarda de las operaciones desbloqueadas. El fracaso del primer intento de desalojo de Las Bambas demuestra además que incluso eso es muy difícil. El cumplimiento de las normas requiere de la existencia de un poder que ejerza coerción de ser necesario, pero también requiere, para que sea sostenible en el tiempo, que haya consenso respecto a la legitimidad de las normas, de modo que sea la mayoría la que las respete y la minoría la que incumpla. Cuando es a la inversa el manejo social se vuelve imposible y se arman varias Fuenteovejuna o una muy grande con lo que pasa a ser revolución. Las mineras y el país en su conjunto están todavía están en la etapa de Fuenteovejuna. Muchas, sí, pero focalizadas, por ahora al menos.

2. ROTACIÓN

Señala El Comercio que el MINEM tiene la mayor rotación de altos funcionarios en 20 años y desarrollan el tema con varias cifras referidas número de ministros y de viceministros. Transcriben también las declaraciones de un exviceministro que dice “Un ministerio tan técnico requiere de personas con las calificaciones y la idoneidad…”. Paradójicamente quien eso declara y que fue viceministro de Energía es abogado de profesión y sin ninguna calificación técnica en ninguna de las materias de fondo que maneja el MINEM. La actual ministra también es abogada y si se lee su hoja de vida, debe ser una persona muy solvente en materias legales y podría ser una directora de asuntos legales, pero ¿qué puede saber de ingeniería y de los complejos aspectos técnicos vinculados a las áreas minera y energética en el ámbito de competencia del MINEM? Ya hubo algunos abogados ministros antes. También viceministros del mismo oficio (que es el mío también) . Me pregunto cuántos abogados han sido ministros de economía o presidentes del banco central de reserva. No niego que los hayan existido, pero hace varias décadas que no los hay. No sé qué oficio o beneficio tiene los viceministros actuales del Minem, pero espero que sean personas con conocimiento profundo de sus temas. En todo caso, el nombramiento de personas sin calificación para el cargo ha sido la norma del actual gobierno desde que comenzó la gestión.

Pero sin perjuicio de lo anterior ¿Qué tiene que ver las calificaciones del ministro o del viceministro con los conflictos sociales de todo tipo? Nada. El más entendido de los técnicos a lo mucho podrá aconsejar a las empresas que hagan lo que deben hacer y asegurar que, en la medida de lo posible, el Estado use la fuerza legítima para hacer que se cumplan las normas cuando ello sea necesario. Más no puede hacer. Claro que en política todo vale y es fácil echarle la culpa de las plagas de Egipto al gobierno más incompetente del que se tenga recuerdo. Pero de ahí a que ello sea cierto hay distancia. ¿Alta e inconveniente rotación? Si, alta e inconveniente, pero si las empresas no cumplen sus compromisos de nada sirve que el MINEM se llene de PhD graduados en la Colorado School of Mines. Los conflictos se prolongarán y además surgirán nuevos.

¿Qué poder tiene el MINEM? Muy poco. Creo que no es necesario elaborar métodos cuantitativos sofisticados para saber que muy poco y básicamente circunscrito a otorgar permisos de todo tipo en minería, hidrocarburos y electricidad. ¿Es eso tener poder? Claro que sí. Pero no tiene funciones efectivas de promover nada o de regular temas gravitantes, o de gestionar minas o participaciones del estado en minas o en empresas generadoras o cualquier otra función que realmente influya en el desarrollo de las actividades en su ámbito. Las funciones del MINEM podrían estar a cargo de cualquier otro ministerio y las cosas no cambiarían ni para bien ni para mal en los sectores a su cargo. Es como los ministerios del Ambiente, o de Cultura o de la Mujer, ¿pasaría algo si desaparecieran mañana? No. Nada. Si las funciones del MINEM, básicamente las a cargo de las Direcciones Generales pasaran a cualquier otra entidad, se podría cerrar la puerta, apagar la luz y nadie se daría cuenta.

Y los conflictos existentes o por existir seguramente existirían o nacerían (salvo que hagamos especulaciones sobre el efecto mariposa).

3. LAS SANCIONES

Y finalmente en lo que a estos comentarios se refiere, la publicación señala que las mineras fueron sancionadas con más de S/. 400 millones por multas ambientales.

Curioso que cuando se trata de cuánto invirtieron o cuánto dejaron de ganar la cifras se expresan en dólares. Cuando se trata de multas se convierten a soles para que suene mejor. Y ello, la imposición de multas se debería a “que la actividad minera fue la primera en ser supervisada y a que tiene sanciones específicas” según la SONAMINPET. Casi cómica la aseveración. Como si un chofer de combi dijera que tiene multas acumuladas porque circula con placa de rodaje o porque hay reglas de tránsito. O porque fue buena gente y se detuvo a la orden de alto en lugar de arrollar al policía.

Las multas se imponen por faltas. Las multas por definición en un mundo perfecto no se impondrían nunca. ¿Qué han hecho las empresas que las recibieron para que se las impusieran? De otro lado, lo que calla la información y sería interesante saber, es cuál es el monto efectivamente pagado. Me inclino a pensar que nada o cerca a nada y el resto está en acciones contencioso-administrativas ante el Poder Judicial.

En la nota, y en toda la sección comentada, se refieren únicamente a la actividad minera, pero la actividad de hidrocarburos también está muy regulada en materia ambiental y sin embargo las afectaciones son constantes. Desde escándalos como el derrame de Repsol en la costa de Lima y norte, hasta los múltiples derrames en zonas de selva a cargo de actores diversos, las infracciones quedan impunes porque el Estado peruano no sólo es corrupto sino además débil, enclenque, raquítico. Porque si Repsol deja de operar, nos quedamos sin gasolina, así de simple. Un estado fuerte le conviene más al corrupto . Puede negociar en mejores términos, puede extorsionar, puede imponer o no. Pero el Estado Peruano es casi una broma, y no lo es desde Castillo, la cosa viene desde mucho antes y no estoy en la capacidad de analizar todos los factores que han determinado que así sea y así siga per saécula saéculorum. Estoy seguro de que en Repsol nadie pierde el sueño por las multas de OEFA o las demandas de INDECOPI. Les encargan el tema a sus abogados y que el tema se diluya en el Poder Judicial. Pero, así como un estado fuerte puede convenir al corrupto, en manos de estadistas puede hacer maravillas. En países desarrollados los estados suelen ser fuertes. Hacen sentir su autoridad cuando es necesario. Me pregunto que pasaría a una empresa que dañara bosques o costas en Canadá o en Estados Unidos. Los accidentes pueden ocurrir. Las negligencias y la mentira para tratar de ocultarlos también. Pero la sanción caerá y será dura y rápida.

Y si ocurre en hidrocarburos ¿por qué tendríamos que pensar que en minería la cosa el diferente? Reitero. El tema no es sólo que se impongan multas, sino que las paguen, pero lo mejor sería que no hubiera necesidad de imponerlas. Pero presentar las multas como si fueran un mérito de las empresas multadas es como que “un poquito mucho”.

Lima, 7 de junio de 2022